SII presentó nueva querella en contra de Délano y Lavín por delito tributario

Tal como adelantó Diario Financiero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó hoy ante el Octavo Juzgado de Garantía de la Capital una nueva querella criminal en contra de los socios fundadores y representantes legales de distintas empresas del Grupo Penta, lo que se conoce como la arista forward de ese caso.

La acción busca que Carlos Alberto Délano, Carlos Euegenio Lavín y Manuel Tocornal Blackburn se les investigue como presuntos autores de delito tributario por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de las compañías y la evasión del Impuesto Único establecido en el artículo 21 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, al registrar como gasto en su contabilidad y luego incorporar en sus declaraciones de impuestos pérdidas ficticias originadas en operaciones de forwards artificiosas.

La querella también se dirige en contra de los representantes legales de las empresas CB Consultorías y Proyectos y Forestal Valparaíso, que actuaron como contraparte en las operaciones mencionadas. Las compañías están ligadas al empresario Manuel Cruzat. 

La acción penal está dirigida en contra de 26 personas por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores de los delitos previstos y sancionados en los artículos 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario,que se refierea la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto;y en el artículo 13 de la ley 20.544, que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados, en relación con el artículo 97 N° 5 del Código Tributario, al haber omitido la presentación de declaraciones juradas exigidas por ley para la fiscalización de los impuestos asociados a estas operaciones.

Las operaciones de contratos de Forwards cuestionadas se efectuaron entre los años tributarios 2009 a 2013 y generaron un perjuicio fiscal que, de acuerdo a la estimación inicial realizada por fiscalizadores de la Subdirección Jurídica, asciende a más de $2.400 millones.